LAS
DOS VARAS DE MEDIR DE UNA MISMA JUSTICIA
Los
casos Ángel Carromero vs. Tte. Coronel Filiberto Hernández Ruiz
Por Lcdo. Sergio Ramos
En breve el gobierno cubano empezará el
juicio contra el ciudadano español Ángel Carromero acusado por la muerte de los
opositores Oswaldo Paya Sardiñas y Harold Cepero ocurrida en un accidente automovilístico en
Bayamo, Cuba el pasado 22 de Julio. Se le acusa de homicidio y se le pide la
pena de 7 años de cárcel. La mínima que establece para ese delito el artículo
261 del Código Penal de Cuba.
Las causas del accidente no están claras.
La viuda e hija de Paya insisten en que la versión del gobierno no se ajusta a
la verdad y que hubo mano criminal, ya que ellos fueron premeditadamente
impactados por un vehiculo de los organismos policiales de Cuba que los estaba
siguiendo, y en consecuencia, exigen una investigación imparcial por organismos
internacionales a lo que el régimen de La Habana se niega. Un reclamo que ha
sido secundado por organizaciones de derechos humanos en diversas partes del
mundo.
Carromero, quien es dirigente de las
juventudes del Partido Popular español, junto al ciudadano sueco Jens Aron
Modig acompañaban a Paya y a Cepero con el propósito de apoyar la oposición
pacífica cubana.
Tanto Carromero como Modig fueron sometidos
a intensos interrogatorios por parte de las autoridades policíacas cubanas. A
Modig lo liberaron y salió del país bajo un código de mordaza, aparentemente
voluntaria, para no perjudicar a su compañero de viaje; pero a Carromero, quien
conducía el auto, se le dejo detenido en Cuba sujeto a una serie de
interrogatorios por parte de la policía cubana, en un país donde las garantías
procesales y el respeto a los derechos humanos de los detenidos son altamente
cuestionables.
El propósito de tales interrogatorios
muchas veces no están orientados tanto en la búsqueda de la verdad, como en
forzar al detenido a firmar una declaración que exprese lo que los agentes policiacos
quieren que diga, y no la realidad de los hechos. Para ello, es frecuente el
uso de presiones indebidas, como el chantaje, las torturas sicológicas y hasta las
físicas. Estos métodos han sido
evidenciados como procedimiento rutinario por innumerables testimonios de
expresos en cárceles cubanas ante organismos internacionales de derechos
humanos.
En el caso Carromero, el gobierno cubano
tiene un interés en cuanto a su política exterior. Se trata de las relaciones
entre España y Cuba ante el escenario de un partido de derecha gobernando en la
Moncloa. De ese modo Carromero se convierte además en una carta de negociación
para el gobierno cubano. A este respecto ya hay conversaciones entre ambas
cancillerías.
Al ser sometido al procedimiento judicial,
Carromero se topa con un sistema jurídico que no garantiza la pureza de los
procedimientos y donde las garantías de los acusados son mínimas. Es un sistema
judicial donde no existe la separación de poderes y esta sujeto a los
dictámenes del ejecutivo. Es común que antes que empiece el juicio, la
sentencia esta pre-fijada desde el ejecutivo, sobre todo en casos que revisten,
como este, el interés político del régimen. Las defensas no suelen ser
independientes del Estado, puesto que
los bufetes colectivos lo componen letrados empleados del estado bajo el
Ministerio de Justicia, el mismo bajo el cual están los fiscales a cargo del
proceso acusatorio. El conflicto de intereses es obvio. La garantía de
transparencia e imparcialidad en el juicio es
cuestionable. La sentencia será la
que entienda el Consejo de Estado que es la mas conveniente para sus fines
políticos.
Llama la atención en corto tiempo que el
gobierno cubano ha tomado entre el hecho y el juicio (menos de dos meses)
cuando en Cuba hay crímenes que nunca se juzgan.
El teniente coronel del MININT Filiberto
Hernández Ruiz es uno de esos casos.
Entre el 3 de diciembre de 2009 al 23 de febrero de 2010 fue jefe de la
prisión de Kilo 8 en la provincia de Camaguey, Cuba. Para aquel entonces se
encontraba en huelga de hambre el preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo. Un
joven albañil opositor al régimen dictatorial de Cuba. Por órdenes expresas del coronel Ruiz se le
privó de lo único que ingería: El agua. Así estuvo por 18 días hasta que su
gravedad lo llevó finalmente a la muerte el 23 de febrero de 2010.
A pesar de las innumerables denuncias por
parte de la oposición y de organismos internacionales de derechos humanos
reclamando justicia ante este vil asesinato de un opositor pacifico, el régimen
cubano ha hecho caso omiso, y ocultó los hechos e ignoró el deber del estado de
hacer justicia. El teniente coronel sigue campeando por sus respeto, y la
justicia burlada, en lo que a las claras es un asesinato tipificado en el
articulo 263 del Código Penal de Cuba con los agravantes de haberse perpetrado en una persona incapaz de defenderse ( Inciso
c) , que aumentó el sufrimiento de la víctima ( Inciso ch), obrada con
premeditación ( Inciso d) , facilitando el hecho y ocultarlo ( Inciso f) y obrar con sadismo y brutal perversidad (
Inciso g). El crimen sigue sin castigo,
y la victima sin justicia. Y Orlando Zapata no es el único caso, se nos pierde
en el infinito la lista. (Remolcador 13 de Marzo, José Wilfredo Soto, Pedro
Luís Boitel, Wilman Villar…..)
La diferencia es que en el primero es un
extranjero que apoya la lucha por los derechos humanos del pueblo cubano, en el
segundo es el alto oficial penitenciario del régimen que defiende a muerte y
causando muerte, el sistema dictatorial cubano.
Son dos varas distintas con lo que la mal
llamada “justicia” cubana, mide a los responsables de crimines, donde en el
fondo solo impera sobre la ley, el capricho; sobre la justicia, el interés;
sobre la imparcialidad, la afiliación
política.
Por eso, ante esta falta de garantías
procesales, de irrespetuosidad para la vida y de desprecio a los derechos
humanos que tiene el régimen dictatorial cubano, no dudamos que en el caso
Carromero esta muy latente el elemento de ocultación de verdades, por medio de
la fabricación de pruebas conducentes a
la inculpación de un inocente, cuyo único “delito” fue apoyar el reclamo
de libertad de un pueblo oprimido.
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