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DE
LA LEGITIMIDAD A LA USURPACION
Por: Lcdo. Sergio Ramos
Hay una tendencia natural en los gobiernos
autocráticos y los dictatoriales, de acomodar los preceptos e interpretaciones
legales a las conveniencias del gobernante y sus seguidores en detrimento de
quines no comparten sus criterios o se les oponen; trayendo como resultado el
ejercicio ilícito del poder por medio de la manipulación de las leyes. Es ahí
donde radica la génesis de la usurpación sistemática de poder por quines
dirigen el estado.
Ese abuso del ejercicio del poder conduce a
la ilicitud del gobierno de quienes un día advinieran al poder lícitamente.
Sobretodo, cuando dicha manipulación de la ley se realiza para lograr el
aumento desmedido de los poderes del gobernante o la conculcación de los
inalienables derechos naturales y humanos de los ciudadanos o la permanencia
ilícita en el poder de quienes rigen los destinos del estado.
La historia esta llena de ejemplos de este
tipo rompimiento del estado de derecho conducente a la usurpación.
En la historia cubana observamos esa
ilicitud en 1933 cuando el presidente constitucional Gerardo Machado manipuló
la constitución para procurar una reelección que permitiera su continuidad en
el poder, transformadose de presidente
constitucional al dictador por usurpación.
Años mas tarde, cuando el general Fulgencio
Batista dio un golpe de estado el 10 de marzo de 1952 rompiendo el orden
constitucional, privando al ciudadano del derecho de elegir a sus gobernantes,
alteró a conveniencia el ordenamiento jurídico decretando un justificante a
través de la llamada “Ley Constitucional
para la Republica de Cuba de 4 de abril de 1952”, también conocida como
“Estatutos Constitucionales”. Con esto se trato de disfrazar de legalidad la
asunción del poder por la vía usurpadora del golpe de estado
En 1959, al subir el dictador Fidel Castro
al poder y producirse la peor de las dictaduras que haya sufrido Cuba, se
altera nuevamente el orden constitucional y promulga por decreto, desde los
mismos comienzos del régimen castrista, la “Ley Fundamental de la
Republica de Cuba de 7 de febrero de 1959”, cuyo fin, al igual que
hizo su antecesor, fue justificar una “legalización” de su usurpación del
poder, en vez de proceder a una pronta convocatoria a elecciones bajo los
términos de la legítima Constitución de 1940.
Luego, en 1976, para reafirmar su poder totalitario, impone una
Constitución Socialista, hecha a la medida y sin la debida participación de los
otros factores sociales , políticos y económicos opuestos al régimen y
careciendo de una adecuada refrendación
imparcial y transparente por el pueblo cubano.
Esta “Constitución” ha sido
enmendada repetidas veces a lo largo de la larga vida del régimen para
acomodarla a las conveniencias e intereses de la dictadura. Por lo que, lo que
pudo haber sido legitimado por el voto bajo la Constitución del 40, se tornó en
una usurpación ‘ab initio’ del poder.
En otros países del continente se registra
un escenario similar, tanto en regimenes de derecha como de izquierda.
Así por ejemplo, el 13 Julio de 1953 el
General Gustavo Rojas Pinilla da un
golpe de estado en el que días después se intentó justificar por la Asamblea
Nacional Constituyente, que se auto-transforma ilícitamente en Senado para
declararlo presidente de la República de Colombia, y con lo cual se consumó la usurpación del poder.
En 1972 el General Omar Torrijos alteró la
constitución de Panamá en su artículo 277 para que en la misma se le
reconociera como máximo líder del país. Con esta manipulación a conveniencia de
la ley, abrió el camino a la usurpación del poder bajo supuestos visos de
legalidad.
La creación, manipulación e interpretación
acomodaticia de las leyes y la
constitución a los intereses del gobernante, se ha extendido por la
América Latina, sobretodo entre los países pertenecientes al eje
Cuba-Venezuela, corrompiendo los fundamentos de la democracia, e instaurándose
gobiernos autocráticos, que son la antesala de la dictadura.
Recientemente hemos visto en Venezuela el
debate sobre la sustitución temporal o permanente del presidente de la
República, en torno al artículo 231 de la Constitución de ese país. El
oficialismo ha interpretado precepto sobre la toma de posición del nuevo
periodo presidencial a su conveniencia, bajo el asesoramiento e injerencia
indebida de un tercer país, Cuba. Con este amaño, los jerarcas del poder buscan
lograr el continuismo del chavismo por encima del más alto precepto legal del
país, escudándose en la interpretación
acomodaticia del Tribunal Supremo, el cual esta parcializado y controlado por
los intereses del oficialismo. Y simultáneamente, para acallar las voces
disidentes que denuncian la usurpación, se ejerce la censura contra canal
opositor Globo Visión, coartando el ejercicio de la libertad de expresión y de
prensa.
Por otro lado, la Argentina transita hacia
la usurpación por similar método. Lo observamos en el ataque a la libertad de
prensa por medio de la promulgación, interpretación y manipulación acomodaticia
de la Ley que limita el número de licencias que puede tener un medio de prensa,
radio y televisión. El caso mas dramático ha sido el del periódico El Clarín,
que es un fuerte crítico del gobierno. Lo mismo sucedió con la expropiación de
la empresa petrolera española Rapsol.
En Ecuador hubo una clara ingerencia del
ejecutivo en el veredicto de los tribunales de ese país, incluyendo el Tribunal
Supremo ecuatoriano, al dictar una amañada sentencia contra el periódico
opositor El Universo, lo que atenta seriamente contra la libertad de prensa, y
abre el camino hacia una usurpación del poder por Correa.
En Bolivia también se atentó contra la
libertad de prensa al promulgarse una ley a mediados del 2011 en donde el
estado controlaría el 33 por ciento de las radiodifusoras dejando solo un 33
por ciento en manos privadas pues el resto lo asumirían organizaciones
campesinas y comunitarias pro-gubernamentales.
Esta claro que silenciar las voces
disidentes y opositores es el primer paso para instrumentar la usurpación del
poder.
Las naciones civilizadas se deben a un
ordenamiento jurídico enfocado en
garantizar los
derechos civiles de sus ciudadanos y
limitar los poderes del Estado y sus gobernantes para no permitir que se
traspasen y mancillen esos derechos que han de concurrir con el derecho natural
de los seres humanos. Cuando este ordenamiento es manipulado por los
gobernantes para su beneficio se violenta, se corrompe el estado de derecho,
alterando el concepto de su aplicación equitativa para todos los ciudadanos,
quienes deben considerarse iguales ante la ley.
Del mismo modo, cuando la ley adolece de
falta de claridad en su texto, entonces corresponde a una autoridad judicial
autónoma, independiente e imparcial de todo otro poder o interés grupal o
personal, interpretarla dentro del contexto del derecho y la justicia. Sin
embargo, si dicha interpretación se produce por organismos judiciales que han
perdido los requisitos indispensables de independencia e imparcialidad,
entonces el resultado es el trastoque del derecho y la imposición de dictámenes
injustos, conculcándose caprichosamente
derechos de los ciudadanos.
Planteaba John Locke en el “Ensayo sobre el
Gobierno Civil” que “Sea cualquiera la forma de gobierno por la que se rija la comunidad, el poder
soberano debe gobernar por medio de leyes promulgadas o aceptadas y no por
decretos improvisados o decisiones imprevisibles.” Y cuando tales provisiones antijurídicas son
tomadas como recurso para hacerse de la permanencia en el poder, el gobernante
se convierte en usurpador de ese poder que corresponde al pueblo. Así mismo Locke en dicha obra,
señalaba que “la “usurpación es el ejercicio del poder al que otro tiene
derecho” y la “tiranía es el ejercicio
del poder fuera del derecho” o sea, del poder usurpado.
Esta claro que en los casos de Fidel Castro
y de Hugo Chávez y sus respectivos sucesores, son usurpadores del poder y por
tanto tiranos. Y en consecuencia, siendo la usurpación un estado de
ilegitimidad, resultan nulos todos sus actos en el ejercicio ilícito del poder.
Y del mismo modo que la usurpación advenida
a dictadura, priva de legitimidad al gobernante, por otro lado concede el
derecho y obligación al pueblo, victima del quebrantamiento del estado de
derecho, para reconquistar, por los medios que entienda adecuados, necesarios y prudentes, el legítimo poder que se le arrebatara.
